domingo, 5 de diciembre de 2010

Un país secuestrado

Era viernes, 3 de diciembre y primera hora de la mañana. Miles de personas se acercaban a los aeropuertos. Empezaban las vacaciones. USCA (el sindicato de los controladores) permanecía alerta sobre lo que iba a decidir ese mediodía el Consejo de Ministros. Dos de la tarde: El Gobierno aprueba que no computarán, ni las bajas ni los permisos, en las horas máximas anuales que realice cada trabajador del sector.
A las cinco de la tarde caen Barajas y Palma de Mallorca. Lavacolla permanece abierto con retrasos de horas y la mitad de los controladores necesarios para operar. A las seis, AENA informa de la paralización del tráfico aéreo. Hasta las ocho y media de la tarde no comparece el ministro. Una hora más tarde (21.30) entra en vigor un nuevo decreto: los controladores quedan bajo la obediencia militar, lo que significa que si un controlador se niega a acudir a su puesto de trabajo (o a negarse a realizar su labor) podría estar incurriendo en un delito de responsabilidad penal.
A las dos de la madrugada comparece Rubalcaba. Amenaza con declarar el estado de alarma. Sábado (8.00 horas) la mitad de los controladores del turno de mañana acuden a su puesto. Pero se niegan a trabajar y el espacio aéreo permanece cerrado. Es mediodía cuando el consejo de ministros aprueba el estado de alarma y moviliza a los controladores: los que no cumplan con sus funciones podrían enfrentarse a consejos de guerra y graves penas de cárcel. A las 15.53 se reabre el espacio aéreo.

Se preguntarán qué desencadenó todo esto. Hace prácticamente un año el Gobierno decidió recortar las condiciones laborales de los trabajadores. Algunos pensaron, con acierto en mi opinión, que ya valía en este país de mantener a una élite a costa de todos los demás. Y más con la que nos estaba cayendo encima. Una de esas condiciones, la que consideraron más perjudicial, fue la que modificaba su jornada ordinaria. Dejarían de tener 600 horas extraordinarias y les sumarían a sus 1.200 horas ordinarias, 470. Traducido, trabajarían lo mismo, o un poco menos, pero sin el privilegio de cobrar las extraordinarias. Para que se hagan una idea, su sueldo cayó en 150.000 euros anuales. Pasaron de los casi 30 mil euros al mes a los casi 17 mil. Una medida que no gustó al bolsillo de los controladores.
Hace apenas 15 días USCA empezó a anunciar que los controladores se acercaban a las 1.670 horas trabajadas (su máximo anual). Una información que AENA negaba. ¿Qué pasó? Que llegó el puente, que vieron su oportunidad de presionar para recuperar sus privilegios y les importó un carajo lo demás. Simplemente tuvieron que dejar de trabajar. Lanzo una pregunta a modo de reflexión. ¿Por qué permitimos que 2.400 personas controlen los accesos de 46 millones? A ver si nos dejamos de chorradas en este país, convalidamos los títulos militares con los civiles y hacemos como Reagan, los 2.400 al puto paro y sin posibilidad de volver a ser funcionarios del Estado. Y luego, que reivindiquen sus derechos.

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